Fallo judicial por persecución a una funcionaria de ASSE

Parte de la nota publicada en el blog EL INFORMANTE del periodista Leonardo Haberkorn

"La Administración no puede pretender regimentar la opinión de sus dependientes y las críticas públicas que de ellos provienen han sido, son y deberán ser toleradas por los gobernantes. El secretismo es ajeno por completo al sentido republicano. Que no sea del gusto de los directores del INCA el hecho de que trascienda una determinada situación interna, no les concede el derecho de sancionar a una funcionaria cercenando su libertad de expresión, pretendiendo de este modo silenciarla".
"El sentenciante -escribe el juez- no concibe que un funcionario público encuentre limitado su derecho constitucional a expresar su pensamiento en un medio de prensa bajo apercibimiento de ser objeto de una sanción administrativa, como le ocurrió a la actora".
Y agrega que no hay nada que limite el derecho del funcionario público "a expresarse personalmente en forma negativa respecto a la gestión de los directores o cargos políticos si está en desacuerdo; o bien denunciando lo que a su entender son fallas del servicio, porque ello conviene al interés general de toda la sociedad de tomar conocimiento de eventos de gran trascendencia".

Nuestra opinión: Este fallo del Juez Gabriel Ohanian es de relevante importancia en momentos en que el poder ejecutivo reitero lo estipulado en la norma que establece "reserva"  y está fijada por el artículo 29, numeral 7 de la ley 19.121, que solo afecta a los funcionarios de la administración central.
Cuando el presidente Tabare Vazquez se encontraba en Finlandia en tratativas por la planta de UPM, el vice presidente Raul Sendic en ejercicio de la jefatura del estado saco una circular reiterando la prohibición de revelar información, la misma fue repartida a todas los funcionarios con jefaturas y notificados.
Llamativamente cuando gerentes y personal de Ancap están siendo citados por la Justicia por las denuncias de irregularidades en el Ente durante la gestión del propio Sendic y del actual Intendente de Montevideo Daniel Martinez.

La mordaza del secretismo no puede estar por encima del interés general, la sociedad uruguaya tiene el derecho de tomar conocimiento de eventos y situaciones que la involucran.
Todo intento de amedrentar a los funcionarios públicos para que no denuncien hechos de apariencia ilícita o mala gestión por parte de los administradores políticos, debe tomarse como un acto de corrupción en si mismo.