En los últimos años, en América Latina, han accedido al poder por la vía democrática varios gobernantes, que una vez instalados, no actúan con la misma convicción institucional y se aferran al poder utilizando todos los mecanismos a su alcance. 

Es el caso de Hugo Chávez que gobernó Venezuela . Su heredero político, Nicolás Maduro, "gobierna" bajo las mismas características de su mentor. Evo Morales en Bolivia. Otro ejemplo es Rafael Correa en Ecuador. Daniel Ortega en Nicaragua. Cristina Kirchner en Argentina. En Uruguay se aplica la misma estrategia, la utilización del aparato del Estado como maquinaria electoral.

El rasgo común a todos ellos, además de haber accedido al poder por la vía electoral, es que una vez posesionados del mando pusieron a toda la institucionalidad estatal al servicio de su permanencia en el gobierno. Modificaron la Constitución y las leyes para permitir la reelección y pusieron a los tribunales electorales bajo el mando del poder político. 
También restringieron la libre propaganda electoral y limitaron el accionar de los medios de comunicación independientes. Además, dejaron sin efecto el financiamiento estatal a los partidos políticos o lo están instrumentando y paralelamente asfixiaron las otras posibilidades de financiamiento particular de las campañas, mientras ellos contaban con una chequera inagotable del presupuesto fiscal. 
Con todos estos elementos enfrentaron procesos electorales en condiciones asimétricas y muy favorables en relación con sus eventuales adversarios. 
En resumen, se trata de un modelo político que llega por los canales democráticos, pero inmediatamente después se resiste a la alternancia democrática y a la posibilidad de elecciones limpias, libres y en condiciones de igualdad con los retadores.