
El conflicto comenzó a partir de la ley de Presupuesto de 2010, por la que se incrementaron los sueldos de los ministros de Estados pero no los de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios de todo el Poder Judicial, que están equiparados.
Recordemos que durante el gobierno de Mujica y para favorecer a los cargos políticos se aumentaron los salarios para desquitar la quita del IRPF; Los cargos de particular confianza hace años que vienen disfrutando del privilegio, los judiciales continúan en la lucha para hacer valer sus derechos constitucionales.
Triste realidad la que vivimos los humildes mortales que cuanto más trabajamos y doblamos el lomo para vivir dignamente, más nos exprime el Estado con un impuesto que castiga al que trabaja y premia a los acomodados políticos del gobierno.
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